La denuncia penal presentada por la Auditoría Superior de la Federación ante la Fiscalía General de la República por irregularidades de 31.4 millones de pesos en la alcaldía Álvaro Obregón ha desatado una confrontación directa entre los organismos técnicos de control financiero y el círculo político de la exalcaldesa Lía Limón. El caso sitúa las compras de insumos urbanos en el centro de un debate que involucra a ministerios públicos, funcionarios salientes y representantes legislativos.
Por una parte, los auditores federales sostienen en el informe técnico 657 que la demarcación no acreditó de manera fehaciente la entrega material de material eléctrico, impermeabilizantes y prendas de trabajo por los que se pagaron 31 millones 490 mil 640 pesos. El dictamen oficial de la ASF expone que la documentación presentada carece de validez pericial para certificar que dichos bienes existieron realmente o beneficiaron a la población asignada.
En contraste, allegados al equipo de trabajo de Lía Limón y representantes del bloque de oposición han señalado en reiteradas ocasiones que los señalamientos de la fiscalía y los órganos fiscalizadores forman parte de una estrategia de judicialización con tintes partidistas para desgastar las figuras de la coalición opositora en la Ciudad de México. Defienden que los contratos se sujetaron a los procesos de licitación vigentes y que los bienes fueron canalizados a programas de atención vecinal.
Del lado del partido mayoritario en el Congreso local y los comités vecinales de Álvaro Obregón, la exigencia central recae en que se apliquen sanciones penales sin dilación. Representantes ciudadanos han reclamado de forma recurrente que los recursos asignados a alumbrado público y obras de protección urbana no se reflejaron en las colonias más precarias de la zona de barrancas, donde la falta de luminarias continuó siendo una queja cotidiana.
La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción inició la recolección de testimonios directos del personal de base de los almacenes municipales, intendentes y operadores logísticos, con el propósito de contrastar sus versiones con las firmas asentadas en las actas administrativas. Los testimonios de los mandos medios resultarán determinantes para conocer si existieron órdenes de certificar insumos sin haberlos descargado físicamente.
El expediente penal también confronta las facultades del Ministerio Público Federal con los argumentos jurídicos de la defensa, que prevé impugnar la solidez de las auditorías al alegar posibles vicios en los plazos de notificación y en la valoración de los comprobantes fiscales digitales emitidos por los proveedores involucrados.
El caso avanza en los tribunales federales mientras ambas partes mantienen posturas irreconciliables: para los órganos fiscalizadores se trata de un flagrante ejercicio de compras simuladas con recursos federales; para el bando señalado, una controversia administrativa utilizada como herramienta de combate en la arena pública capitalina.
