La difusión de las fichas de búsqueda de niñas, niños y adolescentes podría llegar directamente a los teléfonos celulares de las personas que se encuentren cerca del lugar donde ocurrió una desaparición. La diputada de Morena, Leonor Gómez Otegui, presentó una iniciativa para establecer mecanismos de comunicación entre las fiscalías estatales y las autoridades de telecomunicaciones, con el propósito de ampliar el alcance de las alertas y reducir los tiempos de localización.
La propuesta fue presentada ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México y contempla reformas a cinco disposiciones de carácter federal. El planteamiento busca que, cuando se reporte la desaparición de una persona menor de edad, las autoridades remitan de manera inmediata la ficha de búsqueda a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, para que las empresas concesionarias puedan transmitir la información a los dispositivos móviles ubicados en la zona correspondiente.
De acuerdo con la legisladora, los mecanismos actuales de difusión enfrentan limitaciones, debido a que dependen de la colocación de carteles en espacios públicos o de las visitas que reciben las plataformas digitales oficiales. Estos canales, sostuvo, no siempre garantizan que la información llegue oportunamente a quienes se encuentran cerca del sitio donde desapareció la persona.
El sistema propuesto permitiría distribuir fotografías y datos de identificación mediante servicios de mensajería o mecanismos de alerta masiva, sin costo para los usuarios y en tiempo real. La intención es que habitantes, comerciantes, trabajadores y personas que transitan por la zona puedan reconocer a la niña, niño o adolescente y contribuir a compartir información que facilite su localización.
Gómez Otegui argumentó que las primeras horas posteriores a una desaparición son determinantes para las labores de búsqueda, por lo que consideró necesario reducir los tiempos administrativos y de comunicación entre las instituciones responsables. Sin embargo, la iniciativa todavía deberá someterse a un proceso de análisis legislativo antes de convertirse en una obligación para las autoridades y empresas de telecomunicaciones.
Como referencia, la diputada mencionó el caso de Panamá, donde, según los datos expuestos durante su intervención, la difusión automática de alertas Amber mediante teléfonos celulares permitió localizar a 367 menores de edad de un total de 394 activaciones inmediatas, lo que representa una efectividad superior al 90 por ciento. Estas cifras fueron citadas por la promovente para respaldar la viabilidad del mecanismo.
La iniciativa plantea modificar el artículo 8 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; los artículos 10 y 183 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión; el artículo 40 de la Ley de la Fiscalía General de la República, y el artículo 86 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Al concluir su presentación, la Mesa Directiva del Congreso capitalino turnó el proyecto a las Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Administración y Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, para su análisis y dictaminación.
En caso de obtener un dictamen favorable, la propuesta deberá regresar al Pleno del Congreso de la Ciudad de México para su discusión y votación. Si consigue el respaldo de la mayoría legislativa, será enviada al Congreso de la Unión, debido a que las disposiciones que pretende modificar son de competencia federal.
Aunque la iniciativa busca aprovechar la infraestructura tecnológica existente para fortalecer la búsqueda de menores desaparecidos, su eventual aplicación también requerirá definir protocolos de activación, coordinación entre autoridades, protección de datos personales y criterios para delimitar las zonas de difusión. Estos aspectos serán fundamentales para garantizar que las alertas sean oportunas, confiables y respetuosas de los derechos de las víctimas y sus familias.
Fuentes: Congreso de la Ciudad de México; iniciativa presentada por la diputada Leonor Gómez Otegui.
